Durante su ponencia «Seguridad alimentaria: una mirada desde la academia», el Mg.Sc. Miguel Ángel Alcántara dio a conocer una estimación sobre el aumento del riesgo de hambre como consecuencia de la pandemia del COVID-19. «Ajustando las proyecciones de CEPAL, que parte de una caída estimada de 13% en el PBI de este año, calculamos que la pobreza extrema subirá hasta un 6%, lo que significaría casi dos millones de personas incapaces de alimentarse adecuadamente. Todo ello representa un retroceso de 8 años, lo que exige medidas multisectoriales para revertir esta situación. En consecuencia, citando a la FAO, pasaríamos de una crisis sanitaria a una crisis alimentaria», argumentó.

Para abordar y analizar la seguridad alimentaria, el profesor Alcántara señaló que es un tema multidimensional, ya que incluye varias aristas: oferta de alimentos, comercialización, cadena alimenticia, acceso (niveles de ingreso de la población), el manejo adecuado de los alimentos, entre otros. Además, se relaciona directamente con los primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas: Fin de la pobreza y Hambre cero.

La presentación del docente de La Agraria mostró los datos de INEI en un contexto de pre COVID-19, a fin de entender la situación del país poco antes de la pandemia. «En el año 2019, 6 millones y medio de personas (20.2% de la población nacional) estaban en situación de pobreza monetaria. La tasa de pobreza monetaria es mayor en el área rural que la urbana. Pero, del total de población pobre, casi el 60% se ubica en las áreas urbanas», mencionó.

Otro indicador -según señala el especialista - es la pobreza extrema. «En el 2019, más de 900 mil personas (2.9% de la población) tenían ingresos insuficientes para alimentarse adecuadamente registrándose un leve incremento en el área urbana. Además, más del 70% de dicha población en extrema pobreza está en medio rural, por ello debemos darle prioridad a esta zona». También se refirió al déficit calórico que en el último trimestre del 2019 afectaba al 29% de la población (más de 9 millones de personas) tendiendo a reducirse la brecha en tasas entre las áreas rural y urbana. Contrario a lo que sucede con la pobreza extrema, el déficit calórico afecta sobre todo al ámbito urbano con 7 millones y medio de personas en dicha situación.

«En los primeros meses de la cuarentena, Lima Metropolitana estuvo menos abastecida en frutas, pollo, carne de ganado y tubérculos a comparación del año anterior. Muchos productos registraron menores precios en chacra, como la cebolla y la papa. Por tanto, hay un riesgo de menor producción agrícola, pues los productores tuvieron menos ingresos», señaló Alcántara.

Para finalizar, enfatizó que se debe mejorar el sistema de focalización de hogares, identificando a las personas con mayores necesidades; se debe contar con mayor asistencia técnica en el campo, adecuación de los programas alimentarios; y que se debe evaluar la propuesta de algunos organismos regionales de mantener un bono monetario, equivalente a un porcentaje del monto de la línea de pobreza extrema.

Además del docente de la UNALM, participaron en el evento: Alberto Maurer, viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI; Paola Bustamante, exministra del MIDIS; Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Fernando Castro, coordinador de proyectos de seguridad alimentaria y desarrollo rural de la FAO Perú y José Luis Chicoma, director de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas México.